La mayoría de los países desarrollados han eliminado el impuesto a los activos netos. Sin embargo, en España este impuesto sigue vigente y es el más elevado, pudiendo la carga impositiva llegar hasta el 3,5%. Entre los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuesto, aunque a tipos mucho más bajos que en España.
Según datos de la OCDE, en España el impuesto sobre el patrimonio es progresivo y oscila entre el 0,16% en Navarra y el 3,5% para los activos superiores a 700.000 euros.
Además, en 2022, el gobierno de Pedro Sánchez introdujo un nuevo impuesto al patrimonio, que se aplica a las personas con activos superiores a tres millones de euros, que oscila entre el 1,7% y el 3,5%. Este impuesto también se aplica a los residentes en España con propiedades en el extranjero, mientras que las propiedades ubicadas en España están sujetas al impuesto incluso si el propietario no es residente en el país.
En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con activos superiores a 150.000 euros, el 0,7% va a los municipios y el 0,3% al gobierno central. Para activos superiores a 1,74 millones de euros, el tipo se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos sobre el patrimonio varían según el cantón, oscilando entre el 0,3% y el 0,5%, y se aplican tanto a activos nacionales como a ciertos activos extranjeros.
Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, los grandes patrimonios en España imponen una carga fiscal mayor que sus homólogos en Suiza o Noruega. Esto se debe a que el PIB per cápita suizo es tres veces mayor que el de España y el PIB noruego es 2,5 veces mayor.
Los expertos creen que este tipo de impuestos son ineficaces y por eso muchos países desarrollados han decidido eliminarlos. Según la OCDE, en 2022 el impuesto sobre el patrimonio en España representó el 0,54% de los ingresos tributarios totales, equivalente al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% de los ingresos tributarios totales, equivalente al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos tributarios por este impuesto representaron el 4,35% del total, equivalente al 1,19% del PIB.
Los expertos aseguran que estos impuestos generan pocos ingresos, elevados costes administrativos y fomentan la evasión fiscal. La economista Cristina Enache, en un artículo para el think tank Tax Foundation, explica que estos impuestos son ineficaces por su mal diseño y sus elevados costes de implementación.
En 2021, el Tribunal Supremo de los Países Bajos determinó que este tipo de impuesto viola el sistema de justicia europeo. En España, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía recurrieron el “impuesto de solidaridad” de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional.
Para contrarrestar la supresión del impuesto sobre el patrimonio en algunas comunidades autónomas, se ha introducido el llamado “impuesto temporal de solidaridad”, que grava el patrimonio superior a tres millones de euros. El Ministerio de Hacienda, que preside María Jesús Montero, asegura que esta solución permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.
En respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía ajustaron su propio impuesto sobre el patrimonio, estableciendo un impuesto autonómico que se diferencia del impuesto estatal de solidaridad y ofreciendo una bonificación del 100% en estas regiones. Cantabria y Baleares también elevaron el umbral de exención hasta los tres millones de euros, mientras que Murcia lo elevó hasta los 3,7 millones de euros.
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