En Costa Rica, la deuda pública ha alcanzado los 29.211.399 millones de yenes (aproximadamente 55.269 millones de dólares), un aumento de 449.117 millones de yenes desde finales de 2023. Este aumento pone de relieve los desafíos que enfrenta el país en el contexto de una cuadruplicación de la deuda global desde luego en el siglo XXI. Actualmente, el 60% de las economías emergentes y en desarrollo enfrentan problemas con la sostenibilidad de las finanzas públicas, y el 80% de la población de América Latina se ve afectada por medidas de austeridad debido a los altos niveles de deuda.
Durante la VIII Conferencia Internacional sobre Flujos Financieros Ilícitos, Daniela Berdeja de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (LATINDADD) enfatizó que la deuda actual está en manos de los bonistas, lo que la hace más opaca en términos de negociaciones y términos. Este aumento de la deuda genera una presión fiscal significativa, ya que una gran proporción de los ingresos tributarios se destina al pago de intereses, lo que limita el crecimiento económico en la región.
En el caso de Costa Rica, la deuda externa aumentó en 664.535 millones de yenes, mientras que la deuda interna disminuyó en 215.418 millones de yenes. Berdeja destacó que el pago de intereses ha supuesto un ajuste fiscal que afecta a sectores clave como la sanidad y la educación. En Costa Rica, el 46% del presupuesto se destina a amortización e intereses de la deuda.
Un análisis del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional indica que a finales de 2023, el país habrá pagado 2.451.952 millones de yenes sólo en intereses, una cantidad casi igual a la destinada a financiar la educación pública.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que los altos costos del servicio de la deuda limitan el “gasto social” y la necesidad de implementar urgentemente reformas fiscales. Propuso una reestructuración del sistema tributario, incluyendo cargas impositivas más altas para los más ricos y centrándose en el desarrollo económico sostenible.
Berdeja también abogó por reformas a nivel internacional que incluyan el alivio de la deuda, la eliminación de cargas de intereses y el acceso a financiación preferencial para mejorar la situación económica de los países latinoamericanos.
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