El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el lunes un plan urgente para reformar el Tribunal Supremo, actualmente dominado por una mayoría conservadora. La iniciativa, que ha suscitado polémica, pretende dejar una huella significativa en sus últimos seis meses de mandato.
Biden ha expresado durante semanas su intención de realizar varios cambios en la Corte, incluida la limitación de los mandatos de los jueces, que actualmente son vitalicios. Esto significa que un juez puede permanecer en el cargo hasta su muerte, lo que permite que una mayoría conservadora (seis de tres magistrados) permanezca en el cargo durante décadas. La Casa Blanca sostiene que se necesitan límites para evitar que los jueces sirvan indefinidamente.
La posible reelección de Donald Trump en noviembre podría darle la oportunidad de reemplazar a algunos jueces, aumentando aún más la influencia de los conservadores en el tribunal. Trump nombró a tres jueces durante su primer mandato y su enfoque fue seleccionar candidatos jóvenes que pudieran influir en la corte durante mucho tiempo. Por su parte, Biden ha logrado nombrar a Ketanji Brown Jackson, de 54 años, como su único candidato hasta el momento.
Biden pronto dará a conocer más detalles sobre su plan mientras busca abordar cuestiones constitucionales y restablecer el equilibrio en la corte, especialmente en respuesta a decisiones recientes que afectaron la inmunidad del presidente Trump. También hay planes para crear un código de conducta “vinculante y ejecutable” para los jueces.
Sin embargo, la implementación de estas reformas enfrenta el desafío de un Congreso altamente polarizado, lo que dificulta aceptar las soluciones propuestas por el presidente.
El debate también se centra en temas controvertidos como el aborto. Biden enfatizó que “nadie está por encima de la ley”, enfatizando la importancia de la confianza pública en las decisiones de la Corte Suprema, especialmente en cuestiones que afectan las libertades personales. El fallo “Roe v. Wade” de 1973, que legalizó el aborto, fue objeto de un intenso debate y desde entonces ha llevado a muchos estados a adoptar leyes restrictivas. Actualmente, menos del 40% de los estados tienen prohibiciones totales o parciales de esta práctica.
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