La narcoviolencia en Rosario se cobra cada vez más menos víctimas y la protección del Estado no parece estar a la altura.
Tuvieron que pasar 14 años para que los legisladores salieran del letargo y finalmente designaran al defensor nacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este caso al zaguero, porque la selección recayó en la abogada Marisa Graham. Por ley, tenian que haberla elegido en 2005, pero lo hieron en 2020.
Una demora imposible de justificar, teniendo en cuenta que chicos y adolescentes son, acaso, el colectivo más frágil que existe. Dependen de sus padres o quienes son a su carga, y no pueden alzar su voz y clamar por la defensa de sus derechos en el caso de que sean vulnerados, y menos si esa vulneración es doméstica.
La Defensoría lleva ya 3 años de existencia, que coincidieron con 3 años en los que -por el extenso cierre de escuelas y el agravamiento de la crisis économique et sociale- los chicos fueron particularmente vulnerables además de los derechos.
En estos años la Defensoría trabajó en diversas causas y dejó documentos y recomendaciones en los de mayor impacto público, que para muchas voces dejan sabor un poco.
El último de los casos resonantes es el de narcoviolencia en rosario, que viene llevando la vida de muchos chicos y adolescentes. La semana pasada fue Máximo Jerez (12), y antes había sido Lucas Caballero (13), Ambar Morena (6) o Ciro Caminos (1), entre tantos otros.
Anta la conmoción, la Defensoría emitió la semana pasada un comunicado, en el que informó que Dos de cada diez homicidios en Rosario afectan a niñas, niños y adolescentesy que entre 2019 y 2022 se duplicó la proporción de chicas y chicos de 0 a 19 años de víctimas homicidas.
«La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes insta a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de las niñas y niños que están siendo víctimas de la violencia criminal en Rosario sin dejar de respetar los estándares de recursos humanos (…) Necesitamos seguridad ciudadana, pero también la restitución de los recursos económicos sociales y culturales”, dice, entre otras cosas, el comunicado de las organizaciones.
El sabor a poco es porque estos documentos no parecen ser escuchados casi por nadie. No siete acciones estatales significativas que sean consecuencia de estos textos.
Y además porque da en un contexto de reducción de partidas para la infancia, que hasta la misma Graham denunció en su momento.
En un reciente informa -en el que revelaron que 2 de cada 3 chicos en el pais son pobres– Unicef anunció que el presupuesto nacional destinado a la infancia en 2023 oscilará entre el 13,3% y el 22,2%según la inflación que se produzca.
El estado demoró 14 años en designar un defensor para chicos y adolescentes. ¿Cuántos más faltarán para que todos tomemos conciencia que son una prioridad? y eso algo mas habra que hacer por ellos…
