Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco resolvió que el expresidente Trump puede mantener el control sobre la Guardia Nacional de California, al menos temporalmente, mientras sigue el juicio presentado por el gobernador Gavin Newsom. La decisión autoriza que las 4 000 tropas en Los Ángeles sigan bajo mando federal mientras se desarrollan los procedimientos judiciales, suspendiendo por el momento la decisión anterior que exigía su regreso al mando estatal.
La controversia se inició el 7 de junio, cuando el exmandatario puso bajo control del gobierno central a la Guardia Nacional y envió a 700 marines para aumentar la fuerza militar en Los Ángeles, brindando apoyo a las tareas de los agentes federales en manifestaciones vinculadas con acciones de inmigración. Este movimiento de tropas sin el consentimiento del estado representa la primera ocasión desde 1965 que se realiza un despliegue tan amplio sin el visto bueno del gobernador.
En una sesión reciente, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones afirmó que el presidente posiblemente operó acorde con el marco legal federal, indicando que las protestas se habían transformado en conductas violentas hacia empleados y bienes federales, además de ataques con escombros y cócteles molotov. Aunque determinó que el presidente debía informar al gobernador, corroboró que la decisión de una corte de primera instancia fue demasiado limitada, ya que no existía autoridad para impedir la acción presidencial.
La resolución del juez de distrito Charles Breyer, anunciada el 12 de junio, indicaba que la federalización era contraria a la ley, señalando que no se habían satisfecho los criterios legales y que no había una «rebelión» como lo demanda la normativa. No obstante, la apelación puso en pausa esa decisión mientras el caso continúa su curso.
El tribunal del Noveno Circuito —compuesto por dos jueces nombrados por Trump y uno por Biden— destacó que la legislación brinda al presidente considerable libertad en temas vinculados a la protección del cumplimiento federal, y que es responsabilidad del tribunal llevar a cabo una revisión con «amplia deferencia». Sin embargo, desestimó la idea de que la decisión del presidente esté totalmente excluida del escrutinio judicial.
Mientras la acción legal continúa, California tiene la posibilidad de apelar la decisión ante el pleno del Noveno Circuito o incluso llevar el caso hasta la Suprema Corte. Además, podrían argumentar que el uso militar en apoyo de funciones de la ley federal —posible violación de la ley Posse Comitatus— requiere un análisis adicional en juicio.
En su respuesta, el gobernador Newsom afirmó que “el presidente no es un monarca ni está exento de la ley” y confirmó que California continuará defendiendo la soberanía estatal y los derechos civiles en los tribunales. Por otro lado, el expresidente Trump consideró el veredicto como un “gran triunfo” para la seguridad nacional, sosteniendo que la Guardia Nacional debe tener la capacidad de ser desplegada si las autoridades locales no consiguen mantener el orden.
En todo el país, el asunto ha comenzado una discusión intensa acerca del rango de los poderes presidenciales en lo que respecta al uso de la Guardia Nacional, el federalismo y las restricciones del control judicial. Es la ocasión inicial en sesenta años que la Guardia se federaliza sin el acuerdo de un gobernador, lo que suscita inquietud sobre precedentes arriesgados y la erosión de los mecanismos legales y la revisión institucional.
Actualmente, en Los Ángeles, la presencia militar permanece, aunque las manifestaciones han bajado y el alcalde eliminó el toque de queda. No obstante, continúan las tensiones y dudas sobre la colaboración entre las autoridades civiles y las militares, así como el efecto en la supervisión y el control social.
Un momento crucial será la audiencia con el juez Breyer, programada para este viernes. En dicha sesión se podría emitir una orden provisional más extensa que delimite con claridad el uso autorizado de las tropas. La resolución del caso impactará de forma duradera la interacción entre la autoridad federal y los estados, los poderes del presidente y el papel de las fuerzas armadas en misiones civiles.
