Ll final de 2022 estuvo marcado por las dificultades de muchos artesanos y pequeños comerciantes que han visto multiplicada por cinco o por diez, a veces cada vez más, su factura de la luz en los últimos meses. El gobierno ha dado un paso al frente, señalando con el dedo la responsabilidad de los proveedores de energía acusados ​​de beneficiarse de la crisis a costa de los consumidores.

En particular, se les acusa de haber celebrado o renovado contratos a precios muy superiores a los observados actualmente en el mercado eléctrico mayorista, y de no permitir que sus clientes se beneficien de las nuevas condiciones del mercado, mucho más favorables.

Establecimiento de una tarifa única

Tras consultar a los principales proveedores, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, anunció el pasado 6 de enero el establecimiento de una tarifa única de 280 euros por megavatio hora (MWh) para las 600.000 microempresas (TPE) que han renovado su contrato desde el segundo semestre de 2022 y que no se beneficia de la tarifa regulada de venta de energía eléctrica (TRVE), reservada para los hogares y las VSE con una potencia inferior a 36 kilovoltio-amperios (kVA).

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Esta nueva tarifa se aplicará a partir de la factura de enero (no retroactiva) y durante todo el año 2023, simplemente con el envío de un formulario de solicitud del cliente a su proveedor. El costo de la medida, que aún no ha sido cuantificado, será compartido entre el Estado y los proveedores. Y le va a salir muy caro al Estado si el precio mayorista sigue bajando en los próximos meses…

¿Cómo se determina el precio de la electricidad para las empresas? Estos firman un contrato de suministro denominado “oferta de mercado”, cuyo precio se negocia libremente con el proveedor. Este precio puede ser un precio variable indexado al del mercado mayorista, pero muchas veces es un precio fijo por un período de uno a tres años, determinado de antemano cuando se abre el contrato o su renovación por renovación tácita.

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El precio pagado por el consumidor cubre el coste vinculado a la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista, incrementado por una prima que cubre los riesgos asociados a la actividad de suministro, así como el margen del proveedor. También incluye peajes de acceso a las redes de transmisión y distribución -establecidos por la Comisión de Regulación de Energía (CRE)- e impuestos. Los peajes e impuestos juntos representan en promedio el 50% de la factura con impuestos incluidos de las empresas (cifras de 2021).

Una “portada” nunca perfecta

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