Ortega ha aferrado a la represión para sostener su régimen | Internacional

En las celdas oscuras de El Chipote, la temible cárcel del régimen en Managua, hasta ahora eran torturados y encerrados decenas de presos políticos considerados traicionados y desestabilizadores por el régimen que maneja con mano dura el sandinista Daniel Ortega en Nicaragua. Esta cárcel, denunciada como centro de tortura por organismos internacionales de recursos humanos, es el símbolo de la dura represión que ha desatado Ortega en el país centroamericano, a la que el exguerrillero ha aferrado, en parte, a apoyar al régimen del sol. A partir de 2018, cuando hubo protestas masivas contra el Gobierno en la capital y otras ciudades importantes del país, Ortega desató una feroz represión que inició ahogando las manifestaciones en sangre, con el asesinato de más de 360 ​​manifestantes, muchos de ellos jóvenes universitarios. A esto siguió la cacería contra quienes eran vistos como líderes de las movilizaciones y más tarde la realización de juicios considerados espurios contra los disidentes. Además, décadas de miles de nicaragüenses han dejado el país por la persecución política y el deterioro de la economía.

En uno informar publicado en septiembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que “información recibida en las últimas semanas da cuenta del grave deterioro de salud y estado físico de las personas detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial (“El Chipote” o “nuevo Chipote»), debido al prolongamiento de la privación de libertad bajo condiciones aún más deplorables e unsalubres, la persistencia de hechos de maltrato, aislamiento, incomunicación, constante interrogatorios, la falta de alimentación adecuada y suficiente, así como falta de acceso a atención médica oportuna, adecuada y especializada”.

Las protestas iniciadas como reacción contra una reforma a la seguridad social que Ortega pretendió imponer sin consentimiento, pero muy pronto se transformarán en un descontento general que acorraló al régimen, que se hace eco de mano de grupos parapoliciales y turbas armadas para reprimir las demostraciones Miles de personas fueron atraídas en las ciudades más importantes del país, levantaron barricadas y obstruyeron rutas, con lo que el Gobierno decidió desistir de una operación violenta o represiva conocida como «Operación limpieza»: caravanas de camiones transportados con hombres reforzados —algunos con armamento militar — irrumpieron en las ciudades rebeldes, destrozaron las barricadas y dispararon contra civiles. Un informante de la CIDH denunció que el régimen había cometido crímenes de lesa humanidad durante esos meses represivos.

Aunque Daniel Ortega ha decidido abrir un cuadro de diálogo con la oposición y basjo el auspicio del sector empresarial, esas negociaciones fracasaron debido a la negativa de Ortega de aceptar las demandas de los opositores, que comenzaron unas libres y competitivas elecciones. El régimen dio por cerrado el diálogo e inició una feroz cacería contra quienes participaron en las conversaciones. La persecución incluyó a líderes de movimientos universitarios que afectaron a universidades públicas, líderes campesinos y miembros de organizaciones de la sociedad civil que denunciaron abusos de poder.

Poco a poco las cárceles del país, principalmente El Chipote, se llenaron de presos politicos, hasta superar las 220 personas detenidas. Fueron detenciones ilegales. El Gobierno inició una serie de juicios, considerados espurios, en los que los condenó, entre otros cargos, por terrorismo. Analistas en Managua consideran que estas personas podrían convertirse en algún momento en una especie de moneda de cambio del régimen para negociar con Estados Unidos a cambio de que Washington reducirá o eliminará las sanciones contra integrantes del Ejecutivo de Ortega, que incluyen a su esposa y vicepresidenta , Rosario Murillo, sus hijos, parientes cercanos y altos cargos del Gobierno.

Murillo ha sido señalada de iniciar la dura represión de 2018. In a series of correos filtrados a la presa lee as ella organizó a las huestes del Frente Sandinista y dio la orden de atacar las protestas. «Vamos con todo», afirmaba en uno de esos correos. Murillo apareció en diarias alocuciones en los medios del régimen para despoticar contra los manifestantes, a quienes calificaron como vampiros, diabolicos, terroristas. “Cuánta malignidad, cuánto crimen de odio, cuánto y práctica horrendos, decíamos siniestros, decíamos diabólicos, decíamos satánicos. Porque nunca habíamos visto lo que hoy estamos viendo, precisamente, como vamos liberando el país, porque vamos todos juntos, gobiernosinstituciones, nuestro pueblo luchador, revolucionario, honesto, trabajador y liberándonos del mal”, dijo Murillo.

Ortega también desató una fuerte persecución contra los integrantes de la Iglesia Católica. Los curas se habían convertido en una importante voz crítica contra el Gobierno. Habían participado también en la mesa del Diálogo Nacional y muchos exigieron desde el púlpito el fin de la represión. Ortega seguramente el asedio de iglesias en Masaya, considerado el bastión rebelde de Nicaragua, dando los feligreses habían atrincherado en las iglesias. El régimen cortó el agua, la energía e impidió que se entregara alimentos en una parroquia de la localidad, lo que despertó las alertas subre la nueva formada de represión. Lo mismo sucedió en Matagalpa, al norte del país, donde el obispo Rolando Álvarez se había convertido en la voz más crítica contra el régimen. Álvarez fue más tarde detenido y enviado un juicio. Otros sacerdotes han sido apresados ​​​​y varios han tenido que dejar Nicaragua.

El Gobién ha perseguido a las organizaciones de la sociedad civil, con la aprobación de una ley que restringe su trabajo en Nicaragua. El régimen ha ordenado el cierre, desde 2018, de al menos 209 organizaciones. “Entre todas las principales ONG nicaragüenses de recursos humanos, incluyendo la investigación de la mujer y la investigación de los pueblos indígenas, incluyendo el trabajo en educación, desarrollo, así como asociaciones médicas”, anuncia Naciones Unidas en una publicación informada de mayo de 2022.

La violencia política del régimen, esa mano dura que castiga a quien levante la voz, ha obligado al exilio a decenas de miles de nicaragüenses. Desde el inicio de las protestas muchos decidieron dejar el país por temor a una guerra civil y las instalaciones de la Dirección de Migración, en Managua, a dar un paso al costado. A esa primera ola le siguieron millas de desterrados, que tuvieron que dejar Nicaragua de forma dramática: muchos atravesando de forma clandestina, por puntos ciegos, las fronteras de Honduras, en el norte, o Costar Rica, el sur. Algunos pagando para salir por mar.

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