Brisa De Angulo Losada, en el centro, en una protesta el pasado mes de marzo.Cortesia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sancionó al Estado de Bolivia por no haber investigado y castigado adecuadamente una violación y por no haber protegido a la víctima, que en el momento de los hechos era una niña. El acusa además por la revictimización que le causaron los servicios policiales, de salud y legales que investigaron el caso. Brisa de Angulo Losada denunció en 2002, cuando tenía 16 años, que había sido violada por su primo. Según el dictamen de la Corte que se acaba de conocer, Bolivia incumplió su obligación de «garantizar, sin discriminación por motivos de género, así como por la condición de niña de la víctima, el derecho de acceso (de esta) a la Justicia» . Las asociaciones feministas que apoyaron a la víctima todos estos años han calificado el fallo de «histórico».

La Corte contró, por unanimidad, que Bolivia será “responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niñez y la protección judicial” de De Angulo. La sentencia señaló que «resulta evidente que Brisa ha padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral debido a las graves violaciones cometidas por el Estado». Se refiere, en particular, «a la flagrante revictimización» sufrida durante la investigación y el proceso penal. Este tratamiento, que fue considerado «cruel y degradante», provocó en De Angulo «un sufrimiento adicional a la violencia sexual y psicológica de las cuales fue víctima».

A petición expresa de la actora, no se sobrevinieron compensaciones económicas y ni siquiera el pago de los costos del proceso. “Lo que busco es visibilizar esta injusticia, no castigar al Gobierno boliviano o pedir una reparación monetaria. Quisiera contribuir a que haya cambios estructurales” en Bolivia y América Latina, explicó De Angulo, que ahora tiene 37 años. Así, una de las principales sanciones de la Corte IDH contra el Estado boliviano ha consistido en obligarlo a publicar la sentencia en varios medios de comunicación ya realizar «un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional», en el que debe expresar su «compromiso para develar una estrategia nacional integral, holística y transformadora” para prevenir y responder a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, especialmente el incesto.

Aunque en el pasado otros Estados americanos como Nicaragua y Ecuador fueron responsabilizados por la Corte IDH en procesos parecidos, el fallo contra Bolivia es importante porque exige que el país adecue su normativa al consenso internacional respecto al incesto, con lo que este debe dejar de ser solo un «agravante» de otros comportamientos ilegales y debe convertirse en un delito en sí mismo. La sentencia es también especial porque exigió que el país elimine el delito de «estupro», que establece penas más bajas que las de violación para una relación supuestamente consentida entre un adulto y un menor de edad. «El supuesto estupro debe ser violación», según Bárbara Jiménez, experta de Igualdad Ya.

Estas resoluciones tienen el potencial de expandirse a otros países latinoamericanos que reconozcan a la Corte IDH. La feminista boliviana Mónica Bayá subrayó “la importancia de este día para todas las sobrevivientes de violencia sexual en la región”. Asimismo, la Corte exigió a las autoridades bolivianas que la legislación del país deje de basar su definición de violación en el uso de la fuerza física y la sustente en la ausencia de consentimiento, como fundamenta los estándares internacionales.

Brisa De Angulo tuvo que reunir mucho valor para presentar ante las autoridades a denunciar que había sido violada por su primo. En este momento, en vista de acogerla y protegerla, funcionarios policiales, de salubridad yjudiciaires dudaron de ella, the obligaron a petir los médicos exams, desatendieron su testimonio y absolvieron inicialmente a su primo, lo que la obligó a pelar hasta tres veces. Finalmente, la situación fue aprovechada por el acusado para fugarse del país. “El sistema de justicia boliviano me negó un debido proceso”, resume la mujer.

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Ahora Bolivia tiene que buscar y la extradición y el juzgamiento del presunto violador, que vive en Colombia. De Angulo también se halla fuera de su país, «escondida», dice, «de la presión y las amenazas qu’il recibidas por buscar justicia desde hace 20 años».

La Corte ha determinado que Bolivia ha establecido un protocolo para el tratamiento de las denuncias de agresión sexual contra niños por parte de los funcionarios de todos los niveles y reparticiones del Estado relacionado con estos casos. Estos deben ser capacitados en este protocolo. El mismo debe evitar que haya revictimización, por ejemplo, se debe limitar la investigación del cuerpo de la mujer denunciante a un solo médico análisis, y garantizar la participación de expertos en psicología y médicos especialistas en situaciones traumáticas durante toda la investigación.

De Angulo recibió el fallo rodeado por representantes de las organizaciones feministas que la arroparon colgante de este proceso y afirmaron que «las cosas emppiecen à cambiar para que ninguna niña tenga que volver a pasar» por lo mismo.

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Por ubsab6

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