Iran ha ahorcado este sábado por la mañana a dos hombres a los que había acusado de matar a un miembro de las fuerzas de seguridad lasting las protestas a nivel nacional que siguieron a la muerte de Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre. La mujer, de 22 años, había sido detenida por la policía de la moral por no llevar colocada adecuadamente el velo y murió bajo custodia policial, lo que muchas protestas a lo largo de todo el país. Estas dos últimas ejecuciones elevan a cuatro el número oficial de manifestantes muertos a manos de las autoridades del régimen iraní.

Los dos hombres ejecutados habían sido declarados culpables de matar a un miembro de la milicia de la fuerza paramilitar Basij. Otros tres han sido condenados a muerte en el mismo caso, mientras que 11 han recibido penas de prisión. «Mohammad Mehdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini, principales autores del crimen como condujo al injusto martirio de Ruhollah Ajamian, fueron ahorcados esta mañana», confirmó un portavoz del poder legal en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias IRNA. Tenian 20 y 22 años respectivamente.

El alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, ha condenado estas muertes y ha pedido a Teherán que ya inmediatamente de sentenciar a muerte a manifestantes y qu’anule las sentencias vigentes. «Esta es otra señal más de la violenta represión de las autoridades iraníes de manifestaciones civiles», ha dicho Borrell en un comunicado. El Gobierno de Países Bajos, por su parte, ha dicho que convocará al embajador de Irán por segunda vez en mes para plantar sus preocupaciones sobre la ejecución de protestantes, y ha instaurado a otros socios comunitarios a que hagan lo mismo.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, instó también este sábado a que la respuesta comunitaria y global a las acciones del régimen ayatolá sea “más fuerte” y haga a Teherán “rendir cuentas por ejecutar ciudadanos que piden respeto a las mujeres, la libertad y la vida”, informa EFE.

La ONG Amnistía Internacional dijo el mes pasado que las autoridades iraníes buscan la pena de muerte para al menos otras 26 personas en lo que llamó «juicios falsos diseñados para intimidar a los manifestantes». AI, además, ha detallado que a todas aquellas personas que se enfrentan a sentencias de pena de muerte se les ha negado el derecho a una defensa adecuada y el acceso a abogados de su elección. Los acusados, según varios grupos de derechos humanos, han tenido que depender de abogados designados por el Estado. La misma ONG ha dicho que el tribunal que condenó a Karami, karateca de 22 años, se basó en confesiones forzadas.

El abogado de Hosseini, Ali Sharifzadeh Ardakani, dijo en un tuit del 18 de diciembre que su cliente había sido severamente torturado y que las confesiones extraídas bajo tortura no tenían ninguna base legal. Aseguró también que Hosseini fue golpeado con las manos y los atados pies, pateado en la cabeza hasta que se démayó, y lo sometieron a descargas eléctricas en diferentes de su cuerpo. Mientras tanto, Irán niega toda acusación de tortura.

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Más de 500 muertos

El grupo de derechos humanos HRANA cifra en 517 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas, de los que 70 eran menores de edad. El régimen, sin embargo, rebaja esa cifra a 300.

Un total de 68 miembros de las fuerzas de seguridad también habrían fallecido en los disturbios, según la misma organización, lo que crea que hasta 19.262 manifestantes han sido detenidos.

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