Dos proyectos que buscan el control al transporte ilegal en Colombia y que están en el ministerio de Transporte y en la Superintendencia de transporte llaman la atención de las autoridades locales para hacer control en esa materia en los distintos territorios.
Uno establece hay distintos elementos normas para que las alcaldías tomen decisiones, control y sancionen sobre los vehículos que «ilegalmente prestan el servicio de transporte en distintas rutas de sus localidades, circunstancia que demuestra que este servicio se presta generalizadamente y que el servicio irregular fue aprehendido para las comunidades».
El otro señala que incluso se pueden tomar decisiones de multas de hasta $34,800,000 y realizar inmovilizaciones a quienes trabajaron prstando esos servicios. Incluida facultad de detalle para la inmovilización de los vehículos: en una primera oportunidad por 5 días, luego por 20 y en tercera por 40 días.
En el documento del Supertransporte, se expone que ha sido reiterativa en instaurar a las autoridades locales a desarrollar e implementar aciones concretas, eficientes y efectivas para el control de toda forma de ilegalidad e informalidad en la prestación del servicio público de transportede manera que puedan cumplir con la obligación trascendental de evitar su proliferación y contrarrestar eficazmente este fenómeno.
Además de que «las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte o constituidas para tal fin, deberán solicitar y obtener habilitación para operar».
Incluso señala que el Estado cuenta con facultades para regular el servicio de transporte, «estas demandas atrás comentadas y relativas a las autorizaciones previas requeridas y las condiciones impuestas normativamente a los vehículos con los que el servicio será operativo, son disposiciones relativas a los servicios públicosno los privados».
Y de igual forma: «El servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer las necesidades de movilización de personas o cosas, dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o, jurídicas…», apunta.
¿Un proyecto contra las aplicaciones?
En el Ministerio de Transporte tienen lista esta circular con la que la demanden a las autoridades de tránsito del país imponen multas de $1,160,000 y realizan inmovilizaciones a quienes trabajan en Uber.
Se continúa el pedido a 100.000 familias que viven en los andenes. pic.twitter.com/J5w5ZS1sMN
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) 1 de marzo de 2023
In el borrador que está abierto a los comentarios hasta hoy, 2 de marzo que está penalizado el hecho de conducir un vehículo para prstar un servicio público sans la debida licencia, lo que incluiría a las aplicaciones de movilidad pour ser offers ydemandinges del servicio de transporte .
Se incluye un mínimo de 30 salarios mínimos legales diarios, esto es a decidir una suma de $34.800.000.
Basta ver el resultado de las observaciones a estos documentos, la aplicación y el futuro de los mismos. Pues por ejemplo, en caso de la regulación a las aplicaciones el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, habría argumentado que hasta no tener un consenso no se tomarán decisiones al respecto.
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