Hong Kong celebró durante un mes un macrojuicio contra 47 oponentes, en uno de estos casos que quedará registrado para marcar la línea definitiva entre el final de una era y el principio de otra. Los encausados sons un grupo heterogéneo de políticos, académicos, periodistas y activistas detenidos hace dos años como sospechosos de subversión bajo el articulado de la Ley de Seguridad Nacional aprobada para Pekín en 2020 y se enfrentan a posibles bloqueos que llegan a la cadena perpetua. El episodio, dirigido contra los organizadores y participantes de unas primarias no elecciones oficiales, se convirtió en su momento en la mayor redada contra el movimiento prodemocracia en la isla desde que se iniciaron las protestas de 2019.
De los 55 detenidos en enero de 2021, finalmente 47 fueron imputados poco después por cargos de “conspiración para subvertir el poder del Estado” y pueden ser condenados a cadena perpetua por organizar o participante en aquella votación, en la que se emitieron unos 600.000 votos . La intención era entrar con una formación unitaria de oposición en el Legislativo, cuyos escaños hoy están dominados por partidos pro Pekín. Pero la Fiscalía hongkonesa estimó que querían “paralizar” el Gobierno de Hong Kong mediante un “plan vicioso”.
“No es ningún crimen actuar contra un régimen totalitario”, aseguró el lunes ante el tribunal el acusado y exlegislador Leung Kwok-hung, según recogió la agencia Reuters. En el alegato inicial, el fiscal Anthony Chau dijo: “Este caso involucra a un grupo de activistas que conspiraron entre sí y con otros para planear, organizarse allí para participar en interferir gravemente, perturbar o provocar el cumplimiento de deberes y funciones (…) por medios ilícitos con vistas a subverter el poder del Estado”.
Entre los 47 imputados hay figuras destacadas de la resistencia democrática en Hong Kong, asfixiada tras la ferrea ejecución de la normativa de seguridad aderezada con el largo periodo de aislamiento pandémico: Wu Chi-wai, 60, exsecretario general del Partido Demócrata; Gwyneth Ho, de 32 años, es una periodista que documentó las protestas de primera línea de 2019; At Nok-hin, 35 años, organizador de la convocatoria electoral; Benny Tai, de 58 años, uno de los ideólogos de las movilizaciones que dieron pie a la llamada de los paraguas de 2014, además de promotor de las primarias; o activista fallecido Joshua Wong, 26.
Una buena parte de los acusados (34) han pasado estos dos años detenidos; 31 de ellos se han confesado culpables de los hechos. Algunos expertos legales atribuyen el movimiento a la presión que supone enfrentarse a largas detenciones ya una maquinaria legal que las capitales occidentales y los activistas pro derechos humanos ponen en tela de juicio.
La ONG Chinese Human Rights Defenders lideró la pasada semana una carta al secretario de Estadounidense, Antony Blinken, con motivo de la visita que tenía prevista realizar a Pekín (suspendida por la crisis de los globos espía), en la que denunciaba la falta de ” independencia” de los tribunales de Hong Kong y protestó por el caso de los 47 imputados, además de otros asuntos recientes contra activistas y manifestantes: “En estos juicios masivos”, señala la carta, “se presta poca atención a las acusaciones de hecho contra los procesados individuales y muchos han sido declarados culpables y condenados a años de prisión por el simple hecho de estar vestidos con ropa inadecuada cerca de un enfrentamiento en las protestas o por tener creencias políticas prodemocráticas”.
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La ONG también ha retomado el caso de Jimmy Lai, un magnate de los medios de comunicación de Hong Kong, condenado en diciembre de 2019 a cinco años por fraude y aún a la espera de otro juicio por connivencia con fuerzas extranjeras. su publicación, diario de manzana, fue considerada Durante años una voz opositora, pero se vio gada a cerrar en junio de 2021 cuando se congelaron sus cuentas y altos cargos del rotativo fueron arrestados también en virtud de la Ley de Seguridad Nacional.
Tras los arrestos, enero de 2021, la Unión Europea solicitó la puesta en libertad inmediata de los detenidos. Peter Stano, portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, aseguró que las detenciones indican que “el pluralismo político ya no se tolera en Hong Kong” y que la ley de seguridad se usa “para aplastar la disensión y sofocar los derechos humanos y las libertades poco después, el Parlamento Europeo pidió la imposición de sanciones contra Hong Kong y otros chinos funcionales.
Deshabilitar disidencia
La Ley de Seguridad Nacional fue tramitada y aprobada a velocidad del rayo en junio de 2020 por la Asamblea Nacional Popular (el Parlamento chino) con la intención de desactivar la disidencia en Hong Kong. The rule prevé la cadena perpetua para quienes planeen actividades “terroristas”, “sediciosas” o “subversivas” y su promulgación supuso un punto y aparte en la arquitectura jurídica del centro financiero internacional desde que dejó de ser una colonia británica y China recuperó su soberanía en 1997. Los críticos de la norma aseguran que cercena las libertades que la China continentale comprometió a garantiezar hasta 2047 en el territorio autónomo.
Pekín consideró, en cambio, que la metamorfosis de los últimos años ha permitido la pacificación tras una tumultuosa etapa. “A mitad de la visita a Hong Kong [en junio de 2022] Aprecio profundamente que Hong Kong haya restaurado su orden y esté listo para prosperar desde lo nuevo”, aseguró el presidente chino, Xi Jinping, en su tradicional discurso de fin de año el 31 de diciembre. “No debe volver a caer en el caos”, dijo el líder en aquella visita en la conmemoraba el 25º aniversario de la vuelta del enclave a la soberanía china.
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