Últimamente se entregó a la justicia guatemalteca Alejandro Sinibaldi, un operador político y empresario que fue una parte de las principales cabezas de una estructura criminal que se legalizó como partido y que hizo gobierno entre dos mil doce y 2015. Su atrapa tiene la relevancia de ser una pieza más que desvela las extensas y profundas redes que controlan al Estado guatemalteco.
En su calidad de operador de alto nivel a cargo del Ministerio de Comunicaciones, efectuó negociaciones anómalas con empresas transnacionales como Odebrecht, caso paradigmático de de qué manera dichas negociaciones se hicieron por toda Latinoamérica con concesiones estatales de manera fraudulenta y criminal: práctica que es replicada por empresas locales que han actuado de igual forma, según refiere el mismo Sinibaldi.
Más allá del conjunto de delitos cometidos por Sinibaldi, lo que patentiza este caso es la manera en que operan factores de poder económico y político que, coludidos, se relacionan para garantizar el sostenimiento de políticas estatales que apuntalan el actual modelo de acumulación de capital. Entre otras, por medio de la concesión de obras públicas sobrevaloradas a empresas que se comprometen a cumplir con pagos de coimas, financiamiento de campañas políticas, etc.
Exactamente el mismo Sinibaldi, además de indicar empresas y a otros operadores empresariales y políticos, refiere que para lograr concesiones y otras ventajas para el saqueo de los recursos públicos fueron compradas más de doscientos cincuenta voluntades de políticos y funcionarios de alto perfil. Dicha compra no solo correspondió a personas que formaban una parte de relaciones corruptas ocasionales, sino más bien, singularmente, a quienes integraban estructuras y redes organizadas para tal efecto. Entre semejantes políticos y funcionarios se encuentran múltiples que están presos desde dos mil quince, entre ellos un expresidente y una ex vicepresidenta, así como múltiples ex diputados y candidatos presidenciales, aunque asimismo otros que hoy ocupan cargos públicos por elección popular o por nombramiento en las altas esferas de los 3 organismos del Estado.
[Según Sinibaldi], para conseguir concesiones y otras ventajas para el saqueo de los recursos públicos fueron compradas más de 250 voluntades de políticos y funcionarios de alto perfil.
Los hechos en los que participó Sinibaldi y con respecto a los que es confeso son una evidencia más no solo de estructuras delincuentes que operaron y controlaron ámbitos nodales de la institucionalidad y de la política pública, sino más bien también de que estas siguen siendo parte de la conducción del Estado. Esto explica las orientaciones y los cursos de las principales instituciones del Estado guatemalteco, que evidencian la reproducción y profundización de privilegios, la adquisición y toma de la justicia y el avance de una agenda legislativa favorable a intereses extraños al bien común.
Es por ello difícil aguardar que, en esta coyuntura y con la presente correlación de fuerzas políticas —en buena medida favorable a estos intereses—, se pueda avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad y en una reforma política que procuren garantizar mejores condiciones para ejercer la justicia, revertir la tendencia antidemocrática y avanzar hacia que prevalezcan mínimas condiciones democráticas y políticas basadas en el interés público. Sin embargo, estas deben ser ciertas metas mínimas tras las cuales debería perseguirse una articulación social y política que empiece a quebrar la presente relación de fuerzas, paso sin el que va a ser imposible frenar el avance del autoritarismo, que afecta la defensa de derechos, las garantías de justicia, la preservación del ambiente y, normalmente, la solución a los graves problemas nacionales. En este contexto, además de esto, se busca conseguir políticas alternativas para enfrentar la actual pandemia de covid-diecinueve y los graves impactos de la crisis multidimensional que experimenta el país.
