El procedimiento es siempre el mismo después de saqueos, daños e incendios: el proceso de reparación de los daños sufridos por los particulares, comerciantes, empresas y autoridades locales afectados comienza con la presentación de una denuncia, seguida de declaraciones de declaraciones de siniestros a las aseguradoras.
El sector asegurador fue, por tanto, uno de los primeros ministros a los que convocó el Gobierno: sábado 1oh julio, el Ministro de Economía, Bruno Le Maire, y la Ministra Delegada para las Pequeñas y Medianas Empresas, Olivia Grégoire, le pidieron «sencillez, rapidez y amabilidad». Pero una nueva reunión, el lunes 3 de julio, no dio lugar a ningún anuncio inmediato, señal de que el llamado a la buena voluntad no es tan fácil de transformar en medidas concretas.
Las aseguradoras han prometido, por supuesto, una ampliación de los plazos de declaración, posiblemente limitados a cinco días, una simplificación de los trámites administrativos y, para algunos, una aceleración del pago de las cuotas. Pero la cuestión de los deducibles que quedan a cargo del asegurado, que Bercy desea que se reduzcan lo más posible, parece más difícil de decidir.
Diferentes tratamientos según las aseguradoras
En Allianz Francia, por ejemplo, «la tramitación normal de los siniestros es la aplicación de las franquicias asumidas en el contrato»explica Pierre Vaysse, director de la unidad de seguros de propiedad y responsabilidad civil. “Las solicitudes de flexibilidad se entienden más en términos de capacidad de respuesta y apoyo, que de un enfoque comercial caso por caso. »
Por su parte, BPCE ha optado por suprimir por completo las franquicias por daños a la propiedad de profesionales y, sujeto a condiciones, por vehículos quemados o destruidos de particulares.
Para las empresas y comerciantes obligados a interrumpir su actividad, la compensación por pérdidas operativas es otro motivo de preocupación. Desde luego, no debería dar lugar a miles de disputas, como ocurrió tras el confinamiento de 2020, pero al igual que ocurre con las franquicias, sin duda se limitará a las condiciones específicas impuestas por los contratos.
O si casi todas incluyen la cobertura de “motines y motines populares”, ésta cubre los daños inmediatos pero no las pérdidas operativas: para que estas últimas sean indemnizadas, el asegurado debe haber contratado una cobertura adicional.
Para las personas físicas, el principal siniestro del contrato de seguro de automóvil, que no cubre sistemáticamente el incendio y otros daños voluntarios. Sujetos a prueba de medios, los propietarios de vehículos incendiados que no estén cubiertos pueden acudir a la Comisión de Indemnización a las Víctimas del Delito (CIVI), pero la indemnización que ésta puede conceder tiene un tope de 4.602 euros.
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Otro posible desenlace en caso de cobertura insuficiente: una acción contra el Estado, al que el código de seguridad interior responsabiliza civilmente por los daños y perjuicios cometidos por “multitudes o reuniones armadas o desarmadas”. Luego, el caso debe ser decidido por el juez administrativo, un procedimiento que requiere paciencia.
Un costo mayor que en 2005
“La clave está en la documentación que aporten los peritos, en los elementos que permitan establecer las circunstancias en que ocurrió el desastre: pueden ser artículos de prensa, información difundida en las redes sociales, por ejemplo», explica Christophe Gadouleau, director de daños de la firma de expertos Saretec. Sin embargo, este posible recurso no tiene incidencia en los plazos de indemnización. “También es de interés del asegurador y del ajustador compensar rápidamente para que la actividad se detenga el menor tiempo posible: cuanto más corto sea el cierre, más se limitará la pérdida operativa. »
Sea como fuere, el sector debe esperar una factura muy alta. Los disturbios de 2005 habían costado a las aseguradoras 204 millones de euros, y la crisis de los «chalecos amarillos», 249 millones. Montos que podrían superarse este año, por la inflación pero también porque la violencia y la degradación son más importantes.
“El vandalismo generalmente no es un tema destacado para nosotros en las áreas rurales. Pero hoy vemos que los incidentes también han afectado a municipios periurbanos y municipios rurales.especifica Delphine Ltendart, directora de seguros de la mutualista Groupama.
En Smacl, especialista en seguros de municipios, filial del grupo MAIF desde 2022, la primera estimación de los daños a cubrir alcanzó los 100 millones de euros, frente a algo menos de 30 millones en 2005. «En ese momento, eran principalmente vehículos, por lo que reclamos mucho menos significativosexplica el gerente general, Patrick Blanchard. Hoy, principalmente tenemos incendios en edificios administrativos y va muy, muy rápido. »
