Estados Unidos ha decidido tomar posesión de la Embajada de Venezuela en Washington una vez que la oposición venezolana dejó sin efecto la existencia de la denominada presidencia interina, alternativa a la de Nicolás Maduro, que ejerció hasta el mes pasado por Juan Guaidó. Washington argumentó que tras liquidar la plataforma ejecutiva que socavó la legalidad chavista desde 2019, no existe un interlocutor legítimo con el cual entablar un contacto en calidad de reconocimiento político, y que los intentos de la denominada Comisión de Protección de Activos, nombrada por la Asamblea Nacional del año 2015, en sustitución de la Presidencia Interina, no son de procedencia.
La decisión de Estados Unidos, que muchas personas en Venezuela dieron por descontada, ha tomado por sorpresa a ciertos sectores políticos promotores del estatus actual del postinterinato, y ha avivado el agrio intercambio de reclamos que se hacen facciones de la oposición venezolana, responsabilizándose del fracaso por forzar una transición a la democracia en el país.
En particular, hemos planteado los temores de que la disolución de la Presidencia Interina precipite la pérdida de espacios políticos y actividades internacionales que la oposición venezolana ha sido controlada y administrada por una vez que se materialice la irrupción de Juan Guaidó desde el parlamento desconociendo el Gobierno de Nicolás Maduro, con apoyo de parte de la comunidad democrática internacional. El fin del interinato, una aspiración compartida por muchos antichavistas, presenta ahora sus daños colaterales.
Esta preocupación fue expresada con todas sus letras por el Bloque Constitucional Venezolano, qu’agrupa a varios de los juristas más respetados del país, y que se opuso tenazmente a la decisión legislativa de disolver el llamado gobierno Interino. “La medida legislativa no solo eliminó la Presidencia Interina de la República que ejercía el diputado Juan Guaidó”, afirmó el Bloque Constitucional en un comunicado publicado el mes de enero. “Sino también la representación designada por el interinato ante organismos multilaterales, gobiernos aliados, empresas venezolanas trasnacionales e instancias judiciales ante jurisdicciones en el extranjero. Se debilita también la fundamentación constitucional que sustenta la transición democrática frente al régimen usurpador.
Además de las sedes diplomáticas y el lobby político, se cuentan la propiedad de Citgo, una de las procesadoras de crudo más grandes de Estados Unidos; las reservas de oro del Banco de Inglaterra; dinero retenido en Portugal y el puesto en la Organización de Estados Americanos. Algunos voceros informativos cercanos a la oposición se atreven a pronosticar, incluso, el fin de las dietas que cobran los diputados opositores del parlamento de 2015. La petroquímica colombiana Monómeros ya ha sido recuperada por el Gobierno de Maduro. Hay en total, de acuerdo a las fuentes, 145 casos de protección de activos.
Fuentes cercanas al cesado Gobierno interino que solicitaron su número en la reserva han asegurado que la Comisión de Protección de Activos de la Asamblea Nacional fue tomada de sorpresa ante esta decisión estadounidense de retener a la embajada venezolana apoyándose en lo establecido en el Convenio de Viena. Todo parecía listo para que el G-3 (Primero Justice, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, partidos mayoritarios en el Parlamento de 2015), nombrara a Fernando Blasi como nuevo representante consular del país en sustitución de Carlos Vecchio. Esta versión es rechazada en Primero Justicia.
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La Presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 -que la Oposición reivindica como legítima única-, Dinorah Figuera, de Primero Justicia, confirmó que la directiva opositora no fue en absoluto tomada de sorpresa por el anuncio de Washington, que todo el procedimiento fue coordinado, y responsabilizó al embajador destacado del gobierno interino en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y al embajador ante la OAS, Gustavo Tarre, de haber precipitado este desenlace al renunciar «unilateralmente» a sus cargos.
Las declaraciones de Figuera produjeron una respuesta airada e inmediata de Vecchio y Tarre. “En política, hay que tener seriedad y hay que asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman”, dijo Vecchio. “Jamás renunció a mi cargo de embajador en Estados Unidos. El pido tiene la diputada de Figuera que revisa la modificación del Estatuto de Transición que aprobaron ella y sus compañeros. En su artículo 20 quedan eliminados todos los cargamentos del interinato. Estados Unidos ha tomado la posesión temporal de esa propiedad (la embajada) porque no reconoce al parlamento de 2015 como gobierno”, agregó.
Los directentes políticos del G-3 han tenido alguna renuencia a abordar el tema. “No hay ningún activo venezolano sujeto a jurisdicción estadounidense que se vaya a perder, a menos que Estados Unidos lo decida”, afirmó el economista y consultor internacional Francisco Rodríguez. “Independientemente de quien se reconozca como gobierno, ningún acreedor puede embargar activos de Venezuela a menos que tenga una licencia. Aplica a casos como el de Citgo”, corporación cuya propiedad está muy comprometida para Venezuela en los tribunales. El economista reconoció que, en el caso del oro del Banco de Inglaterra, la disolución del Gobierno interino aumenta la posibilidad de que el Ejecutivo de Maduro gane este caso y obtenga estos recursos, calculados en unos 930 millones de euros.
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