La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que su servicio jurídico examinará cada caso de despido tribunal por tribunal para garantizar la aplicación de una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que falló en contra de la legislación española sobre despidos forzosos. . La organización calificó la decisión de “histórica y justa”.
José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, destacó la importancia de esta resolución del organismo europeo que supervisa el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Sociales, firmada por España en 1996. A pesar de su firma, la ratificación plena no se produjo hasta 2021.
La comisión, cuya resolución detallada se anunciará el próximo mes, cree que la legislación española reformada en 2012 no compensa adecuadamente a los trabajadores despedidos sin justificación y no tiene un efecto disuasorio suficiente.
Arceiz criticó el sistema salarial español, que prevé 33 días de salario por cada año trabajado, señalando que presenta “graves deficiencias” en términos de flexibilidad y disuasión. En su opinión, esto permite la “previsibilidad” del despido injustificado, ya que el importe de la indemnización puede calcularse con antelación, lo que no disuade a los empresarios de realizar despidos.
El portavoz de UGT también mencionó que había pasado demasiado tiempo entre el despido del empleado y la resolución de su caso, lo que afecta a la recuperación de los salarios desde la reforma laboral de 2012.
Se discutió si la resolución del Comité era vinculante para el Estado español. Mientras Antonio Garamendi, presidente de CEOE, lo calificó de “consultivo”, Arceiz defendió sus compromisos argumentando que el Gobierno no puede ignorar las obligaciones internacionales.
Arceiz instó al gobierno a reformar urgentemente la legislación laboral, pidiendo cambios que permitan a los tribunales ajustar la compensación a los “daños reales” sufridos por los trabajadores. También propuso abolir los topes salariales, alentar a las personas a regresar al trabajo y proporcionar una mediación judicial más rápida para la recuperación de los salarios.
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