La UE se involucra en un momento crucial que obliga a un grupo de refugiados a reubicarse para el cierre de toda la comunidad |  Internacional

Tras años encallados en negociaciones y disputas, los ministros del Interior de los Veintisiete han alcanzado este jueves un acuerdo de enorme trascendencia que soporta la acogida de solicitantes de asilo, pero también obliga a que una parte de los peticionarios de esa protección que recalan en la UE sea ​​asumida por todos los países comunitarios, un elemento que hasta ahora había impedido cualquier acuerdo. Se trata de un pacto histórico que cierra dos de los últimos flecos de l pacto migratorio, diseñado para fijar la nueva arquitectura de acogidas en el territorio comunitario.

El acuerdo sigue el espíritu de la «solidaridad obligatoria pero flexible» y establece que todos los países deben contribuir a la gestión de la migración. Las pautas consensuadas este jueves en Luxemburgo fortalecieron un reparto de 30.000 solicitantes de asilo (el año pasado llegaron a territorio comunitario unos 180.000 personas en situación irregular) para reubicar entre todos los Estados miembros —distribuido por criterios de población y PIB—. Quienes rechacen acoger tendrán que contribuir a la cesta de solidaridad común con 20.000 euros por cada migrante no admitido; el objetivo es crear una hucha de 600 millones al año con esas aportaciones. Polonia y Hungría, países radicalmente opuestos a cualquier sistema de acogida obligatoria, han votado en contra del pacto, que también amplia de manera inédita las posibilidades de expulsión a los solicitantes rechazados a pays que no sean el suyo de origen.

«Las medidas buscan el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad», incidido durante la reunión Maria Malmer Stenergard, ministra de Migraciones de Suecia, el país que preside el Consejo de la UE ise semestre y qu’ha coordinado la propuesta. “Es un acuerdo histórico”, señaló la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser. Aunque las llegadas de inmigrantes irregulares han pasado de 1,04 millones en 2015 a unos 180.600 en 2022, la Unión Europea sigue buscando fórmulas para reducir los flujos. Y a los acuerdos con los países de llegada y une arquitectura para cuidar esa dimensión exterior, se contempla la Unión quiere sumar ahora la gestión interna en la que esa cuota de 30.000 reubicadas al año.

Las regulaciones acordadas este jueves son dos de los tres pendientes del pacto migratorio (sigue quedando el de gestión de crisis), que comenzó a plantar en 2021, ya que las políticas comunes saltaran por los aires por la crisis migratoria de hace ocho años, que se derramaron a la UE y cimentó el crecimiento de partidos de extrema derecha que hicieron estallar el discurso antiinmigración. La fórmula —que pauta los criterios y trámites de las solicitudes de asilo— soporta las reglas de gestión de los flujos migratorios, impone plazos más cortos para el procesamiento de las peticiones y para la respuesta definitiva y planta que haya topes en los canales de solicitud de asilo Pero, sobre todo, planta ese reparto de las cargas. «Es un paso para dotar a Europa de un sistema de asilo más justo, más eficaz y más solidario», ha dicho el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.

Desde un principio, el Consejo plantó aprobar las disposiciones de asilo en la mesa de los ministros y por la mayoría cualificada (no por unanimidad) y han tratado a toda costa de que el tema no llegase a la cumbre de líderes del 28 de junio, donde se requiere unanimidad. Así no afectaría el voto negativo de Hungría y Polonia, con Gobiernos iliberales que se oponen a la cuestión migratoria por sistema. Durante semanas, la clave la ha tenido Italia, que con el Ejecutivo ultra de Giorgia Meloni y las cifras de llegadas disparadas a sus costas —hasta abril recibió 26.800 inmigrantes irregulares, la mayoría desde Túnez, según ACNUR— sabe que sería difícil de hacer tragar en casa que ha apoyado sin pelear al máximo cualquier norma que no parezca mucho más dura que la actual. Pero nadie quiere un acuerdo que no tenga la bendición de Roma, en primera línea de llegadas migratorias, en una ruta de mucha afluencia y miembro del grupo de cinco países del Mediterráneo, apunta una fuente diplomática.

Así que Italia ha obtenido algunas de las concesiones que reclamaba, como reducir un poco las cuotas de acogida y también el tiempo por el qu’un pays s’essabiliza de las solicitudes de protección que presentan los migrantes arribados a ese territorio, queda en dos años . Actualmente es un año, pero los pays que reciben esos después de los migrantes, en lo que se denominan «movimientos secundarios», como Alemania, Países Bajos o Dinamarca, presionaban para que residir tres. Lituania, Malta, Bulgaria y Eslovaquia —que ha pedido excepciones para los países que más refugiados ucranios tienen acogidos—, se han abstenido.

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Mientras, el subsecretario de Interior de Polonia, Bartosz Grodecki, ha sido crítico con la idea de las contribuciones económicas —en casos excepcionales también puede contribuir con medios técnicos y logísticos cuantificables— a la cesta de solidaridad en común el caso de aquellos que sin reubiquen. «Non es solidaridad, son castigos, multas», ha lanzado. «Este mecanismo no va a ayudar, sino que es una marcha atrás», ha añadido.

Procedimientos de gestión de la vía rápida

Las normas —que una vez aprobadas tendrán que negociarse con el Parlamento Europeo para obtener un texto final—, obligarán a los Estados miembros a crear dos vías para atender las solicitudes de los recién llegados. Tras una primera cuna, que deberá hacerse pronto, en un plazo aproximado de una semana, resultó por el primer canal de gestión a que los migrantes que solicitaron asilo y que provengan de pays en guerra o en situaciones de peligro; por el segundo canal de solicitudes pasarán aquellos que provengan de un país con una tasa muy baja de reconocimientos de asilo. En estos últimos, las autoridades deberán responder en 12 semanas. Tras ese tiempo, si su solicitud ha sido rechazada, podrá ser enviada a su país de origen oa un tercero considerado seguro con el que tendrá algún tipo de conexión, un punto que ha quedado abierto tras un día entero de negociaciones y varias propuestas, para satisfacer a aquellos que querían un abanico de posibilidades más amplias. Asume uno de los puntos decisivos del acuerdo.

Para pagar el coste en marcha de los nuevos aviones, sobre todo para los procedimientos en las fronteras, la Comisión Europea invertirá un paquete de 1.000 millones de euros en los Estados miembros, ha confirmado la Comisaria de Interior, Ylva Johansson. «Cuando trabajamos juntos para gestionar la migración en la Unión Europea, todos salimos ganando», ha dicho en Luxemburgo. «Si no estamos unidos perdemos todos», ha añadido Johansson.

España ha logrado introducir en el texto una de sus principales reclamaciones: que sea menor (se ha fijado en 12 meses) el tiempo de responsabilidad sobre las personas que llegan a un país como resultado de las operaciones de rescate y salvamento (los rescatados en el martes, básicamente). Operaciones, ha recordado el ministro Grande-Marlaska, que son una obligación del derecho internacional.

Los criticos del acuerdo han anunciado que los nuevos procedimientos acelerados pueden fomentar los centros de internamiento de migrantes superpoblados. Aunque los Veintisiete afirman que han diseñado el sistema de cuotas progresivas para evitarlo. Para expertas como Camino Mortera, responsable de la farmacia de Bruselas del Centro para la Reforma Europea, la normativa y el diseño del pacto en sí no solucionan la situación actual. «Falta por acordar una serie de pasos necesarios y un mecanismo para las crisis de emergencia», señala Mortera. «Va a ser cualquier cosa menos un pacto eficaz y efectivo», añade.

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