Esta semana, el Gobierno inicia el proceso que culminará con la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025. Las actividades incluyen las reuniones del lunes de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ). y la aprobación por parte del Consejo de Ministros del marco macroeconómico y posiblemente del “techo del gas” el martes.
Durante reuniones con los ayuntamientos de la CNAL y los asesores regionales del CPFF, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicará los objetivos de déficit y los recursos destinados a estos organismos estatales para el próximo año.
En el contexto macroeconómico, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, anunció que el jueves el Gobierno elevará la previsión de crecimiento del PIB para este año, extendiéndola hasta 2025. Aunque aún no se publican los datos exactos, Cuerpo confirmó que el 2024 La revisión elevará la dinámica del PIB del 2% actual a aproximadamente el 2,5%, mientras que la previsión para 2025 es del 1,9%.
El Banco de España prevé un crecimiento del PIB del 2,3% este año y del 1,9% en 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que será del 2,4% este año y del 2,1% el próximo, y la Comisión Europea prevé un 2,1% en 2024 y 1,9% en 2025.
Paralelamente, el Gobierno ha iniciado negociaciones para asegurar los PGE para 2025, buscando el apoyo de varios partidos mediante la “geometría variable”, estrategia utilizada en el pasado para aprobar diversas normativas.
Fuentes del Ejecutivo compartieron detalles de los nuevos presupuestos con Servimedia, destacando la “medida de emergencia” anunciada por el Ministerio de Hacienda el mes pasado. La medida, publicada en el Boletín Oficial (BOE), obliga a los ministros a definir sus prioridades y presupuestos.
El contexto político es complejo, especialmente en Cataluña, donde las elecciones del 12 de mayo vieron la victoria del socialista Salvador Illa, pero todavía no hay un candidato a la investidura ni un acuerdo sobre su retirada. Según fuentes del Ejecutivo, las negociaciones se han estancado aunque no se han revertido.
Para facilitar la aceptación de los primeros pasos de los PGE, el Gobierno incluyó en la Ley de Igualdad un compromiso de eliminar el veto del Senado sobre los objetivos de déficit, permitiendo su aprobación únicamente por el Congreso. La medida desató un debate jurídico después de que el PP la presentara en el Congreso. Con todo esto en mente, el objetivo de Montero es presentar un proyecto de presupuesto en octubre.
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