Conflicto en el Congreso por la reforma de la ley de inmigración

El gobierno está llevando a cabo intensas negociaciones en el Congreso en un intento de acelerar la reforma de las leyes de inmigración que buscan distribuir por la fuerza a los menores inmigrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Sin embargo, la propuesta fue nuevamente rechazada por el Congreso de los Representantes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, actuó como mediador pero no logró llegar a un acuerdo.

Durante el pleno, PP y Junts entregaron la iniciativa al PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que decidieron retirar la reforma. Tanto Junts como Vox confirmaron su oposición desde el principio.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se mostró dispuesta a apoyar el texto si se aporta la información necesaria para su implementación. Sin embargo, destacó que cualquier avance dependerá de la cooperación del PSOE y Sumar. “Si no hay avances en las próximas horas, es mejor no votar y continuar las conversaciones”, afirmó. Modificación del art. El artículo 35 de la Ley de Inmigración tiene como objetivo abordar la situación de los menores inmigrantes no acompañados en regiones con alta superpoblación.

En otro ámbito, Junts votó en contra del mandato deficitario del Gobierno, que podría afectar a los presupuestos de 2025. El vicepresidente de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, anunció que su partido se opone al plan, destacando la necesidad de estabilidad presupuestaria.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si se rechaza el mandato, el gobierno debe fijar un nuevo objetivo en un plazo de cuatro semanas. De aprobarse esta nueva propuesta, tendría que pasar al Senado, donde podría estar sujeta a mayores modificaciones.

La falta de un mandato de estabilidad complica la presentación de los requisitos necesarios para 2025, crucial antes de finales de septiembre para ser incluidos el año siguiente. Hasta el momento, el gobierno no ha cumplido ninguna de las condicionalidades ex ante de esta legislatura, lo que complica aún más las negociaciones con los socios políticos.

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